¿Alguien se acuerda de las cabinas telefónicas?

Menos del 20% de la población ha utilizado alguna vez estos casi viejos objetos de museo (y prácticamente ningún usuario entre los menores de treinta años) que tienen más de un siglo de historia.

La popularización del teléfono móvil desde los años noventa se encogió en las cabinas definitivamente del mobiliario urbano, víctimas del abandono y del vandalismo, pero, aun así, los sucesivos gobiernos decidieron concederles una prórroga.

La última medida de gracia se tomó el 1 de enero del 2019. Pero cuando entre en vigor esta ley previsiblemente en el segundo semestre de este año, dejarán de existir tras ser eliminadas del servicio universal porque ninguna compañía querrá hacerse cargo de ellas.

En España sobreviven alrededor de 15.000 camarotes. El actual servicio universal garantiza que debe haber al menos un teléfono público de pago y uno más por cada 3.000 habitantes en cada localidad de 1.000 o más habitantes y una cabina en cada uno de los municipios de menos de 1.000 habitantes, donde esté justificado con base en los criterios de oferta mínima. Pero ya en 5.000 municipios no existe ninguna cabina.

Como nadie quiere hacerse cargo de este negocio ruinoso, el Gobierno ha obligado a Telefónica a costear el servicio y su mantenimiento (2 millones de euros al año), aunque luego lo compensan parcialmente ese coste. Según cifras de Telefónica, la media de llamadas por cabina es de 1,15 al día, y casi todas ellas se concentran en unos pocos terminales, es decir, que la mayoría están siempre inactivas.

Sin contar con que el vandalismo y los robos se ensañan con las que tienen más usuarios. También desaparece la obligación de editar año a año una guía telefónica que ya nadie consultaba y que ni siquiera estaba actualizada con los números móviles.